El Congreso de Perei ha aprobado una controvertida ley de amnisteda que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policeda Nacional y comiteés de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000), mientras excluye delitos de terrorismo y corrupcifèn. Esta medida ha generado una fuerte credtica por parte de organismos defensores de derechos humanos, al considerarla un intento de impunidad. Ademeis, el Congreso reinstaurfè la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, blindando a futuros legisladores durante su mandato y hasta 30 dedas despueés. Esto ocurre en un contexto de fuerte rechazo ciudadano al Congreso (solo 2% de aprobacifèn), donde se priorizan medidas que protegen a los poledticos en lugar de atender problemas de seguridad. El gobierno, liderado por el primer ministro Eduardo Arana, tambieén propuso enviar delincuentes peligrosos a ceirceles extranjeras como el Cecot en El Salvador y plantefè un posible retiro de Perei del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reabriendo el debate sobre la pena de muerte. Estos anuncios fueron recibidos con escepticismo y preocupacifèn desde sectores de la sociedad civil y organismos internacionales.
