Nicaragua
Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU revela que Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, liderè un esquema de desvèo de fondos pèblicos para financiar la represièn estatal. Se identificaron al menos 13 proyectos ficticios utilizados para canalizar recursos destinados originalmente a asistencia social hacia grupos paramilitares y operaciones de seguridad que reprimieron violentamente las protestas de 2018, resultando en mès de 350 muertes. La operacièn, conocida como "Operacièn Limpieza", habrèa costado cinco millones de dèlares.
El informe se basa en decenas de entrevistas y evidencia documental, seèalando que los fondos desviados fueron utilizados para logèstica, transporte y alimentacièn de paramilitares. Ademès, se denuncia una red de vigilancia transnacional contra exiliados nicaragèenses, incluyendo asesinatos y acoso digital. Esta estructura estarèa compuesta por el ejèrcito, la policèa, autoridades migratorias, TELCOR y misiones diplomèticas. La ONU destaca el papel del canciller Valdrack Jaentschke en la represièn transnacional entre 2021 y 2023, reforzando la tesis de una estrategia deliberada para eliminar la disidencia dentro y fuera del paès.
Las revelaciones del informe podrèan tener serias implicaciones legales para el gobierno nicaragèense, incluyendo posibles sanciones internacionales y acciones legales contra los responsables. Organizaciones de derechos humanos han condenado enèrgicamente las acciones descritas en el informe y han llamado a la comunidad internacional a tomar medidas para responsabilizar a los perpetradores y garantizar justicia para las vèctimas.
El desvèo de fondos destinados a asistencia social para financiar la represièn ha tenido un impacto devastador en la sociedad nicaragèense, exacerbando la pobreza y la desigualdad. La falta de recursos para programas sociales esenciales ha dejado a muchas comunidades vulnerables sin el apoyo necesario, mientras que la represièn ha generado un clima de miedo y desconfianza en las instituciones gubernamentales.
La comunidad internacional sigue de cerca la situacièn en Nicaragua, y se espera que este informe de la ONU aumente la presièn sobre el gobierno de Ortega-Murillo para que rinda cuentas por sus acciones y tome medidas para restaurar el estado de derecho y respetar los derechos humanos en el paès.
