El Tribunal Constitucional (TC) de Per ha declarado inconstitucional la Ley N 32330, que permita juzgar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 aos por delitos graves. Esta decisin, emitida el 16 de marzo de 2026, responde a demandas presentadas por la Defensora del Pueblo, el Ministerio Pblico, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Ayacucho.
La Ley 32330, promulgada en mayo de 2025, modificaba el Cdigo Penal y el Cdigo de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que adolescentes de 16 y 17 aos fueran procesados como adultos por delitos como terrorismo, homicidio, extorsin, sicariato, robo agravado, trfico ilcito de drogas y violacin sexual. Esta medida buscaba fortalecer la lucha contra la criminalidad, pero gener controversia por su posible vulneracin de derechos fundamentales.
El TC argument que la ley impugnada equiparaba injustificadamente a adolescentes con adultos, eliminando el tratamiento penal especializado contemplado en el sistema de justicia juvenil peruano. Segn el tribunal, someter a adolescentes al sistema penal ordinario contraviene la Constitucin y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Per, que reconocen la proteccin especial de los menores de 18 aos.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, enfatiz que, aunque los adolescentes puedan haber cometido delitos graves, deben ser juzgados bajo un rgimen diferenciado, con sanciones proporcionales a su edad y orientadas a su reinsercin social. Pacheco aclar que el fallo no implica impunidad, sino que busca garantizar un proceso adecuado conforme al Cdigo de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Con esta resolucin, todos los procesos en curso contra adolescentes de 16 y 17 aos que se estaban tramitando bajo el Cdigo Procesal Penal de 2004 debern ser reconducidos conforme al Cdigo de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Adems, los adolescentes que se encuentren en establecimientos penitenciarios para adultos debern ser trasladados de manera inmediata a centros juveniles especializados.
Esta decisin reafirma el compromiso del Estado peruano con la proteccin de los derechos de los menores y con la implementacin de un sistema de justicia juvenil que priorice la rehabilitacin y reinsercin social de los adolescentes en conflicto con la ley.
