Guatemala promulga nueva Ley Antilavado
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sancionóla nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, conocida como Ley Antilavado, tras su aprobación en el Congreso con 147 votos a favor el 2 de junio de 2026. Esta normativa unifica y moderniza el marco legal existente, derogando los Decretos 67-2001 y 58-2005, que abordaban separadamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, respectivamente.
La nueva ley responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras convenciones internacionales, fortaleciendo las capacidades del Estado para combatir estructuras criminales, la corrupción y el financiamiento ilícito. Entre sus principales características se incluyen:
- Unificación de las disposiciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en un solo régimen coherente.
- Integración del tratamiento del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Establecimiento de unaúnica autoridad supervisora con competencia integral y procedimientos de reporte unificados.
- Fortalecimiento de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como interlocutor técnico.
El presidente Arévalo destacóque la Ley Antilavado busca proteger y fortalecer la economía de las familias guatemaltecas, afirmando que "el dinero sucio y mal habido circulóen nuestro país durante muchísimo tiempo. Narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaban sus bolsillos con total impunidad, sin controles, sin fiscalización, sin castigo".
La Superintendencia de Bancos (SIB) celebróla aprobación de la ley, calificándola como un paso decisivo para actualizar y fortalecer la normativa del país, consolidando un sistema financiero más íntegro, transparente y resiliente. La SIB también resaltóque la nueva legislación marca un hito histórico al reemplazar una normativa que estuvo vigente por más de 25 años.
La ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario de Centro América, es decir, el 17 de septiembre de 2026. La SIB, a través de la IVE, dispondrá de un máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la normativa para elaborar el reglamento correspondiente y someterlo a la aprobación del Presidente de la República.
Con esta nueva legislación, Guatemala busca fortalecer su sistema financiero y evitar ser incluida en la lista gris del sistema financiero internacional, cumpliendo con los estándares y exigencias del GAFI y otras convenciones internacionales.
