Venezuela
El 3 de febrero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Venezuela inicióun giro radical en su política petrolera con una reforma legal que permite una amplia apertura al sector privado, tanto nacional como internacional, en toda la cadena de producción del petróleo, incluyendo la comercialización. La nueva legislación otorga mayores garantías jurídicas con mecanismos internacionales de arbitraje y reduce regalías e impuestos para atraer inversión extranjera. PDVSA pierde su rol de operador y pasa a ser un ente fiscalizador, marcando un proceso de privatización del sector, aunque los yacimientos siguen siendo propiedad del Estado. Esta reforma se conecta estrechamente con una nueva licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU., que permite a empresas estadounidenses operar en el sector siguiendo ciertas restricciones. La legislación flexibiliza el régimen fiscal, permite el control completo de ingresos por parte de privados y pagos fuera del país, pero genera críticas por la pérdida de ingresos estatales. La reforma entróen vigor rápidamente, tras aprobación parlamentaria y promulgación por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
