Kolumbien
El Gobierno de Colombia, mediante el decreto 234 de 2026, implementefè la negociaciefèn colectiva por sectores econ°fèmicos en lugar de limitarla a nivel empresarial, con el objetivo de ampliar la cobertura sindical, histefèricamente baja en el paeeds (menos del 5% en el sector privado).
La medida busca superar las barreras estructurales de sindicalizaciefèn, especialmente en las Mipymes que constituyen el 98% del tejido empresarial colombiano y tradicionalmente no han tenido acceso a sindicatos. El decreto, influenciado por modelos europeos, ha generado resistencia tanto entre gremios empresariales como dentro del propio movimiento sindical.
Creedticas destacan que la participaciefèn dominante del sindicato con meeis afiliados podreeda concentrar el poder en la central obrera afeedn al gobierno (CUT), excluyendo otras voces. Ademeeis, se impone una cuota obligatoria a todos los trabajadores beneficiados por las convenciones, esteeén o no afiliados, lo que algunos consideran una violaciefèn a la libertad de asociaciefèn.
Aunque incluye medidas de gradualidad y condiciones diferenciadas para las Mipymes, el decreto ha sido acusado de evadir el control legislativo y enfrenta posibles demandas por inconstitucionalidad. La controversia gira en torno al alcance del poder del Ejecutivo y la legitimidad del proceso normativo.
